La nueva educación
indígena en Iberoamérica.
Ernesto Barnach-Calbó
Por nueva educación indígena quiere darse a
entender la que en los países iberoamericanos se intenta poner en práctica con
la denominación cada vez más extendida de educación intercultural bilingüe para
los pueblos indígenas. Como tal es un fenómeno reciente cuya aplicación
tropieza con dificultades múltiples: conceptuales, lingüísticas, pedagógicas,
sociales y económicas.
No obstante, la educación intercultural bilingüe
representa un paso muy significativo en el proceso de reconocimiento de la
pluralidad lingüístico-cultural de los países de la región, plasmado ya en
leyes y normas de nivel diverso. Su consolidación y generalización contribuirá
sobremanera, en opinión de algunos observadores, a la viabilidad de auténticas
sociedades multiculturales o interculturales, todavía lejanas. Como es sabido,
esta problemática tiene hoy, además, un alcance y actualidad universales.
1. El plurilingüismo
como fenómeno universal
Contrariamente a lo que podría pensarse, la inmensa
mayoría de los países -Estados o sociedades determinadas- son plurilingües, es
decir, en su seno se hablan dos o más lenguas. El plurilingüismo es por
consiguiente la norma y el monolingüismo la excepción. El concepto es en principio
neutro, desprovisto de valoraciones sobre su grado y extensión, así como sobre
el uso de las distintas lenguas o de sus relaciones -status- entre sí. Son
factores lingüísticos, sociales y políticos los que determinan, en un contexto
dado, las diversas situaciones posibles entre las lenguas. Así, desde el punto
de vista lingüístico, la delimitación entre lengua y dialecto se rige por
criterios lingüísticos y sociales, mientras que la distinción entre lenguas
mayoritarias -equivalentes generalmente a lenguas estándar o cultas- y
minoritarias se basa en determinantes sociales y políticos.
Más que por el tamaño del grupo lingüístico, las
lenguas minoritarias se definen por los derechos sociales, o sea, por su falta
o desigual equiparación a las mayoritarias, si bien, desde el prisma
lingüístico, son susceptibles de abarcar toda la gama de situaciones posibles:
variedades, dialectos, lenguas preestandarizadas, estandarizadas y cultas. Por
otro lado, en América Latina las lenguas autóctonas equivalentes a vernáculas,
aborígenes, originarias, ancestrales o incluso indígenas, ya que este último término,
antes desacreditado, ha resurgido por obra de las organizaciones indígenas, son
todas minoritarias al no estar equiparadas a las mayoritarias (español,
portugués). No obstante, la ambigüedad de este concepto y su falta de
adecuación a la realidad en países como Guatemala y Bolivia, de tan fuerte
población indígena, hacen que su uso sea en esta región menos frecuente.
Ahondar, pues, en el concepto de plurilingüismo
obliga a referirse a las relaciones entre dos o más lenguas: su uso según las
funciones sociales y el status existente entre ellas, tarea propia de la
sociolingüística. Fishman se apropió del termino «diglosia», acuñado por
Ferguson -uso complementario y no conflictivo de variedades de la misma lengua
en diferentes esferas sociales-, para definir el bilingüismo o multilingüismo
social como acompañante del bilingüismo individual, diferenciándose el primero
del segundo por constituir un «compromiso social» permanente que se mantiene al
menos durante tres generaciones, y en el que cada una de las lenguas implicadas
tiene su función asegurada, legitimada e institucionalizada. El bilingüismo
individual, por el contrario, está sujeto a cambios más frecuentes, siendo, en
consecuencia, características suyas la flexibilidad e inestabilidad. Varios analistas,
entre ellos Utta von Gleich, han puesto de relieve que la amplia difusión y
aplicación del término «diglosia» en América Latina no ha sido correcta, al no
caracterizarse precisamente la región por tener lenguas autóctonas que reúnan
tales cualidades: seguridad, legitimación e institucionalización. En realidad y
bajo la influencia de la sociolingüística catalana, la «diglosia» se ha
reinterpretado para su adecuación al contexto latinoamericano como «rasgo de
conflicto», sustituyendo al «compromiso social» pactado que, según Fishman, era
definitorio del término.
Por otro lado, toda lengua, independientemente de
su desarrollo o institucionalización, es un fenómeno a la vez humano y social,
un sistema primario de signos, instrumento del pensamiento y de la acción y el
medio más importante de comunicación. Con respecto a la cultura, la lengua
forma parte de ella, y al mismo tiempo es su medio de expresión y entendimiento
más notorio. Al estar tan estrechamente vinculada a la cultura y entendiéndose
esta, según la definición del Consejo Interamericano de Educación, Ciencia y
Cultura de la OEA, como «la unidad de las formas de vida, pensamiento y
comportamiento y los valores sujetos a ellas», la lengua figura también entre
los rasgos constituyentes de la identidad cultural de un pueblo.
El hecho del plurilingüismo-pluriculturalismo surge
en los Estados nacionales modernos a través de procesos de colonización
-descolonización, como es el caso de los países de América Latina y de África-,
conquista, anexión o unificación (ex-Unión Soviética, países plurilingües
surgidos en Europa tras la primera y segunda guerras mundiales), e inmigración,
cuyo ejemplo más claro son los Estados Unidos. Pero tales procesos
propiciadores de la diversidad lingüístico-cultural se producen en naciones
orgullosas de la unidad política recién lograda y empeñadas en conservarla a
toda costa, lo que ha implicado el no reconocimiento de cualquier realidad
diversa, política, cultural o religiosa (como es el caso de España en el siglo
XV), que pudiera considerarse incompatible con dicha unidad. Progresivamente,
no obstante, el Estado nacional moderno ha ido abandonando su afán
homogeneizador, aceptando un mayor pluralismo en los sectores citados. Así,
algunos países han concedido grados diversos de autonomía política a
determinadas regiones (España, Alemania) o han reconocido la utilización de
lenguas autóctonas para fines globales o específicos. Este es el caso, en mayor
o menor medida, de los países latinoamericanos, como luego veremos más detalladamente.
Las lenguas autóctonas, si bien pueden ya utilizarse en ciertos sectores, por
ejemplo para el uso de nombres y apellidos, en los medios de comunicación
social (en la radiodifusión pero no en la radiocomunicación) y en la educación,
sufren todavía grandes limitaciones. Entre las más notorias, no tener cabida en
los tribunales de justicia ni en los asuntos oficiales de la Administración.
Un último aspecto a mencionar aquí a propósito de
las políticas bilingües, se refiere a la caracterización de estas en función de
dos principios básicos: el principio de territorialidad y el de personalidad.
El primero, propio de países como Suiza y Bélgica (salvo Bruselas, que es
bilingüe), supone la utilización plena y exclusiva en ciertas zonas determinadas
de sus respectivas lenguas y, por consiguiente, la exclusión de la educación
bilingüe, aunque con excepciones. El segundo, por el contrario, en vigor en
países como Holanda, Malta, Canadá y Finlandia, garantiza a cualquier individuo
ciertos derechos lingüísticos en su lengua materna en cualquier lugar del país,
favoreciendo la difusión de las lenguas en todo el territorio del Estado y, por
ende, la educación bilingüe. España presenta a estos efectos un modelo mixto:
el principio de personalidad se aplica en las regiones autonómicas en las que
el español es oficial junto con las lenguas regionales respectivas,
manteniéndose aquel como oficial en todo el país.
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