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miércoles, 6 de marzo de 2013

CULTURA Y EDUCACIÓN


 La educación bilingüe intercultural
En los ochenta surgió la educación bilingüe intercultural (EBI) -también llamada educación intercultural bilingüe (EIB)- como un paso adelante en el proceso bilingüe que comentamos, si bien continúa coexistiendo con la educación bilingüe bicultural, término al que siguen apegados los países centroamericanos. Esta propuesta alternativa que «concibe lo bilingüe y lo intercultural en una doble y complementaria dimensión de un mismo proceso educativo» (Educación y Poblaciones Indígenas en América Latina, UNICEF, Santafé de Bogotá, 1993), habida cuenta su mayor complejidad, ha sido objeto de interpretaciones diversas aunque no necesariamente contradictorias. Procedemos a continuación a su resumen, sobre la base de la más reciente documentación llegada a nuestro poder.
Utta von Gleich señala que el término es utilizado en algunos países como sinónimo de «bicultural», con el fin de despojarlo de la connotación que éste pudiera tener de enfrentamiento entre dos culturas y aproximarlo más a la noción de pluralismo cultural. Los proyectos bajo la etiqueta de «bicultural» por lo general no han cumplido sus objetivos, ya que, como dice César Picón, «lo bicultural presupone la existencia de dos sistemas culturales que pueden tener un nivel de relación en un plano de igualdad» y «no es este el tipo de relación entre las etnias indígenas y el sistema cultural mestizo occidental». Ello implica, según este autor, la relatividad del término cultural, ya que de lo que en realidad se trata es de la existencia de múltiples expresiones culturales en búsqueda de su referente principal. «En este tránsito, el sistema cultural dominante tiene relaciones fundamentalmente bilaterales con las etnias indígenas, promoviendo así la fragmentación y retardando históricamente el proceso de interculturalización sin dominación ni dependencia».
Según Amadio, existen dos concepciones de la interculturalidad en el proceso educativo bilingüe. La primera se define como el manejo de dos o más códigos que posibilitan desenvolverse sin problemas en las respectivas culturas, es decir, «una educación orientada principalmente a mantener abiertos los canales de transmisión, adquisición y reproducción de la cultura indígena y, paralelamente, a favorecer la adquisición de otros códigos de comunicación, conocimiento y comportamiento». La segunda, como «la ampliación del código de referencia, mediante la adopción de elementos indispensables para afrontar los cambios inevitables que tienen lugar por el contacto o choque entre culturas así como por las dinámicas propias». En este caso, la educación sería «el proceso que facilita la articulación armónica e integral de lo nuevo a partir de una matriz cultural propia».
Para la UNICEF esta modalidad es bilingüe, ya que los niños desarrollan el conocimiento de su propia lengua y se instruyen a través de ella al mismo tiempo que aprenden una segunda lengua, generalmente la oficial del país respectivo. Es, por otro lado, intercultural, ya que parte de la cultura propia de los educandos para su revalorización y promoción, para así conseguir la plena identificación con ella, al mismo tiempo que les facilita la apropiación de técnicas y prácticas pertenecientes a otros pueblos. De esta forma se consigue «una capacidad propia y libre en los educandos para la selección y generación de respuestas acordes con sus concepciones de vida y en respuesta a sus necesidades cotidianas de supervivencia y desarrollo». Al garantizarse por esta vía la continuidad histórica de las culturas aborígenes y su visión del mundo, la escuela podrá más fácilmente articularse con la comunidad, convirtiéndose en una institución útil y deseable, capaz de motivar a los niños indígenas.
Ahora bien, al profundizar en el sentido de la interculturalidad, se llega a dos conclusiones vinculadas entre sí, sobre las que están de acuerdo muchos analistas. En primer lugar y siguiendo de nuevo a Amadio, una vez asumido el carácter global e integrador de la cultura, la interculturalidad trasciende el sistema escolar y también el ámbito educativo, sin poder reducirse sólo a él. Pero como vimos antes, los nuevos espacios conquistados por las lenguas indígenas son todavía muy reducidos, a pesar de que en las recientes normas se haga referencia a ellos, sobre todo a los medios de comunicación. En segundo lugar, la interculturalidad, como ya empieza a plantearse en algunos países de la región, no debe recaer únicamente sobre la población indígena, precisamente la más discriminada, sino que ha de involucrar a toda la sociedad para poder así fomentar un auténtico conocimiento y comprensión recíprocos.
Bolivia es el primer país iberoamericano que asume esta concepción de la interculturalidad en su reciente legislación educativa, ya citada, obligándose a «construir un sistema educativo intercultural y participativo que posibilite el acceso de todos los bolivianos a la educación, sin discriminación alguna». Lo que a su vez implica que «el currículo para los educandos monolingües de habla castellana o para quienes tienen a este idioma como lengua de uso predominante, debería también incorporar el aprendizaje y utilización de un idioma nacional originario». Ambicioso y paradigmático modelo para la región iberoamericana, pero cuya puesta en práctica hará aún más necesaria una competente y adecuada formación docente de maestros y especialistas interculturales bilingües.
Sólo partiendo de semejante concepción, sostienen sus defensores, la educación bilingüe intercultural dejará de ser una modalidad para minorías, aislada del resto del sistema educativo. Este parece ser el significado que el término intercultural va adquiriendo en Europa -para mayorías y minorías-, aunque sin el componente bilingüe, mientras que en la OCDE suele usarse cada vez más el término multicultural como componente básico de las políticas educativas y lingüísticas de los Estados. En Estados Unidos también se alzaron voces a favor de una educación bilingüe multicultural, de doble vía, para todos («two way bilingual-multicultural education»), como la más adecuada para un país de creciente pluralismo, pero no sólo no llegaron a tener eco sino que se asiste hoy día a una fuerte recuperación de los defensores del inglés como idioma único.
En cualquier caso, y vistas las principales interpretaciones sobre la educación bilingüe intercultural, podría decirse que, a pesar de las limitaciones existentes, el desarrollo de sus principales elementos constitutivos -condiciones legales, estructuras pedagógicas y de investigación, escritura y normalización lingüística, materiales didácticos y formación de profesores- de una política lingüística y de los que sólo a algunos hemos hecho referencia, hace abrigar esperanzas en la consolidación de una nueva y más justa educación indígena, y del advenimiento de una educación intercultural para todos en América Latina. A este proceso puede contribuir la descentralización educativa vinculada a la autonomía territorial y a la regionalización, fenómeno de gran actualidad hoy día y que supone una inflexión notable en la tendencia centralista de la administración educativa latinoamericana. En definitiva, la descentralización debe suponer en este campo un protagonismo cada vez mayor de los indígenas en el diseño de sus propios currículos y en el seguimiento, control y evaluación de los resultados.
Los casos de Nicaragua, mediante la Ley de Autonomía para las etnias de la Costa Atlántica (miskitos, criollos negros, sumos, ramas y garifonas), de 1987, y de Panamá, a través de las Leyes de las Comarcas Indígenas de 1983 (kunas y emberás), son ilustrativos al respecto, al dirigirse específicamente a los grupos lingüísticos diferenciados existentes en su seno. Ya hemos visto los proyectos iniciales de México en este sentido. La doble tendencia a la municipalización de la educación y al acceso de los indígenas en sus territorios al poder local y regional mediante elecciones, abre la puerta por primera vez en Chile a un auténtico desarrollo cultural endógeno indígena.
Colombia, por su parte, hace especial hincapié en su legislación en la adecuación de la educación indígena a partir de los valores, experiencias y desarrollo de las propias comunidades y a su carácter participativo, mediante la selección de los maestros y la ejecución de los proyectos de «etnoeducación» por dichas comunidades, asesoradas y controladas por el Ministerio de Educación, los Centros Experimentales Piloto en cada región y las Secciones Regionales de Educación. El concepto de «etnoeducación» o educación para grupos étnicos, queda definido en la Ley de Educación Indígena, aprobada en 1993, como aquella «que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos rubros propios y autóctonos». Debe, además, «estar ligada al ambiente, al proceso de producción, al proceso social y cultural, con el debido respeto a sus creencias y tradiciones». 

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La educación bilingüe en el mundo

Si antes dijimos que el plurilingüismo -los países plurilingües- es la norma y el monolingüismo la excepción, lo contrario podría decirse de la educación bilingüe. No obstante, su validación teórica como el sistema más idóneo para atender a los niños desconocedores de las lenguas oficiales, y hablantes, por lo general, de lenguas minoritarias, no deja de afirmarse y su práctica de extenderse por todo el mundo. Para llegar hasta aquí, esta modalidad educativa ha tenido que vencer no pocos obstáculos, empezando por la opinión francamente hostil al bilingüismo infantil -del que fueron los psicólogos los primeros en ocuparse- durante la primera mitad de este siglo. Las investigaciones a lo largo de este período fueron mayoritariamente críticas al bilingüismo tanto desde el punto de vista lingüístico como intelectual y pedagógico, y hasta la investigación de Lambert y Peal en 1962 (niños canadienses bilingües) no se produjo una clara inflexión de esta tendencia.
A partir de entonces, éstos y otros investigadores fueron poniendo cada vez más en evidencia que de tenerse en cuenta otros factores aparte de los puramente lingüísticos -actitudes de los padres, la comunidad y los maestros, relaciones entre las lenguas involucradas, motivación y condición socioeconómica de los alumnos, etc.-, los resultados eran mucho más favorables a los proyectos bilingües.
Es cierto que la mayoría de los programas escolares bilingües que se practican hoy día son de transición, es decir, orientados al cambio lingüístico del educando. Así, en Estados Unidos, en donde comenzaron de manera oficial en 1968, como un programa federal dirigido sobre todo a los niños de origen hispano. Igualmente, en países europeos oficialmente unilingües como Holanda, Austria, Italia y Polonia. Pero también se practican otros programas de mantenimiento -su fin es conservar la lengua materna- incluso de manera extensiva a toda la sociedad. Por ejemplo, en Luxemburgo toda la educación suele ser bilingüe, incluyendo la universitaria, y en Noruega lo es la enseñanza primaria y secundaria y también la universitaria a criterio del profesor. En cuanto a los países africanos, más próximos por su proceso de descolonización a los países latinoamericanos aunque con diferencias notables, bien por tener una lengua y cultura de difusión limitada -Etiopía (que nunca fue colonia europea salvo el breve período de dominación italiana), Camerún-, bien por su complicado mosaico lingüístico, la educación bilingüe promovida oficialmente introduce una o más lenguas de mayor comunicación y modernidad. Así, por ejemplo, en la India se promueve una forma trilingüe: lengua regional del estado (no siempre la materna), el hindi, lengua nacional, y el inglés u otra lengua internacional. En algunos países las lenguas de la metrópoli continúan siendo oficiales, alternándose en Argelia y Túnez el francés con el árabe como lenguas de instrucción.
Puede inferirse de esta brevísima panorámica mundial acerca de nuestra disciplina, su complejidad y variedad en función del contexto en que se aplica.
El contexto latinoamericano
El hecho del carácter plurilingüe y multiétnico de la mayoría de los países de América Latina, de muy dispares dimensiones en cuanto al número de lenguas y hablantes, se remonta a la época precolombina, pero su evolución se produjo, como dijimos, en un proceso de conquista-colonización-independencia. La desestructuración étnica, el desmembramiento territorial, la inmensidad y dificultades del espacio físico y, por consiguiente, la dispersión y aislamiento de la población, contribuyen a explicar el gran número y variedad de lenguas y dialectos indígenas que aún hoy subsisten, aunque muchos hayan muerto en el camino. No obstante, las lenguas de las altas culturas -como el náhuatl y el quechua- utilizadas luego por los españoles como lenguas francas, adquirieron carácter preferencial y supuestamente se impusieron a las locales en sus ámbitos de influencia, produciéndose ya fenómenos diglósicos en el sentido explicado, aunque ni en estas ni en aquellas se configurara una escritura, al menos en el sentido occidental.
Pronto se enfrentaron los españoles con la problemática de las lenguas a emplear en la administración, pero sobre todo en la educación inmersa en el proceso de evangelización. Podría decirse que su política lingüística fue, cuando menos, ambivalente. Tras fracasar la temprana evangelización en español y el intento de ignorar las lenguas indígenas, los frailes decidieron aprender las principales de ellas para mejor cumplir su misión espiritual, contribuyendo al mismo tiempo a su fijación y conservación al escribir, según el patrón latino, gramáticas, diccionarios y textos de enseñanza indígenas. Pero el español acabó imponiéndose como lengua hegemónica, y, tras la revuelta de Tupac Amaru en el Perú, Carlos III prohibió expresamente el uso del quechua en la escuela, cobrando un nuevo impulso «la castellanización», ahora impulsada por los sacerdotes seglares, menos interesados que los frailes en la vida y tradiciones indígenas. Por otro lado, la independencia y la república, como observa Stefano Varese, no constituyeron una ruptura radical de la situación indígena. El Estado liberal, surgido a imitación de su homónimo europeo, ante la necesidad de resolver el dilema «civilización o barbarie», prefirió la marginación y exclusión de las etnias renunciando a su pretendida integración y apostando por la progresiva extinción de sus lenguas.
El desconocimiento del componente indígena en la gestación de la identidad nacional, observa Massimo Amadio, es, por consiguiente, elemento común en la experiencia histórica de los países latinoamericanos con poblaciones aborígenes, ya sean estas mayoritarias o minoritarias. Es sólo a partir de los años sesenta del presente siglo, añade este autor, cuando aquellos comienzan a ser vistos como países plurilingües, y, por tanto, multiculturales. Esta progresiva toma de conciencia supone, en primer lugar, la constatación de la dimensión cuantitativa de la población, cifra que alcanza hasta un máximo de casi cuarenta millones (Directorio de Organizaciones Indígenas de América, Quinto Centenario, 1989); más de 400 grupos etnolingüísticos, de los cuales sólo aproximadamente una docena supera el cuarto de millón de personas (aimaras, mapuches, quechuas, mayas, cakchiqueles, mixtecos, náhuatles, otomíes, pipiles, yucatecos y zapotecas); y también su desigual distribución: el 90% se encuentra en Mesoamérica y en la región andina.
En segundo lugar, la percepción de su «hábitat» o condiciones de vida. La mayoría vive en zonas rurales alejadas de centros urbanos, desfavorables para la agricultura, aislada en zonas montañosas o dispersa en áreas boscosas. La mala calidad de la tierra obliga a un cultivo extensivo, a pesar de la pequeñez de las parcelas. A la muy desigual distribución de la tierra debe añadirse, como ya apuntamos, la carencia en gran parte de títulos de propiedad, hecho que impide obtener préstamos hipotecarios o créditos personales. Situación que, unida a la falta de transporte para la comercialización de sus productos y compra de bienes, coloca a los indígenas en desventaja -a juicio de Isabel Hernández, promotora indígena argentina-, con respecto a los minifundistas no aborígenes pertenecientes a su misma clase social, por lo que la discriminación que padecen aquellos es a la vez racial, cultural y económica.
En estas condiciones, no puede sorprender la situación de pobreza extrema en la que se encuentra la gran mayoría de las etnias y comunidades indígenas no sólo en términos de ingresos sino en lo referente a la salud, nutrición y, en consecuencia, a los índices de mortalidad infantil, retardo crítico de crecimiento y esperanza de vida al nacer. Parece obvio que un nivel material mínimo es indispensable para acometer con garantías cualquier acción educativa, tanto más cuanto que su situación educativa es también desoladora. La proporción indígena en las tasas globales de analfabetismo -los países de mayor población porcentual indígena son los más analfabetos y al revés- deserción y repetición escolar es altísima.
Es verdad que el analfabetismo, visto en su conjunto, ha descendido sensiblemente en términos relativos en toda la región (15% en 1990), pero en términos absolutos permanece estable desde hace veinte años (alrededor de 43 millones de personas). Además, se critican los criterios y métodos empleados para la obtención de resultados, que eluden la verdadera dimensión del problema. En cuanto al abandono, sólo uno de cada dos niños logra terminar la primaria, y el promedio de repetición es del 20% al 30% de dicho nivel, concentrado en un 40% a 50% en el primer grado, la tasa más alta de cualquier región del mundo. Ambos aspectos ponen en evidencia la inadecuación de los sistemas educativos oficiales a las necesidades de los niños indígenas y la urgencia de una educación diferenciada. No en balde el Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe escogió a la indígena como «población meta» necesitada de la máxima atención, «ya que además de sufrir el rigor de la pobreza se ve afectada por la incomunicación lingüística».

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El movimiento indígena

La influencia del movimiento indígena en la progresiva aceptación de un mayor pluralismo por parte del Estado y de la sociedad es indiscutible en América Latina desde que empezó a cobrar fuerza en los años setenta y se expandió y fortaleció en los ochenta, período de crisis económica pero de recuperación democrática. Las reivindicaciones indígenas se dirigen al reconocimiento de sus derechos en diversos sectores, y no sólo en el plano nacional sino en el internacional. Así, en cuanto a este sector se refiere, es patente una mayor presencia indígena en organismos internacionales en los últimos años, reflejada, entre otros aspectos, en una creciente atención a sus demandas y en una más visible participación en la elaboración de normas, acciones y recomendaciones a ella dirigidas.
Ejemplos de ello son su reivindicación como «pueblos indígenas» -incorporada al nuevo convenio de la OIT de 1989 sobre protección de los pueblos indígenas y tribales-, en lugar de «poblaciones indígenas», como figuraba en la primera versión de dicho convenio de 1957; la creación, en el seno de las Cumbres Iberoamericanas, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyos órganos de gobierno están compuestos por representantes de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe y de los gobiernos de los Estados Miembros en pie de igualdad, y la evolución de la política del Instituto Indigenista Interamericano desde su fundación en 1940. Para la práctica de la educación bilingüe son especialmente relevantes el Convenio de la OIT, que consagra los derechos educativos y lingüísticos indígenas, y el Convenio de los Derechos del Niño, ambos todavía sin ratificar por varios países de la región.
No obstante, desde 1981 sigue sin aprobarse la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, síntoma de las dificultades que aún quedan por superar a este respecto. Su aprobación, si bien tendría después que ratificarse por los países firmantes, daría a esta Declaración (habida cuenta la no obligatoriedad de este tipo de instrumentos internacionales) una gran fuerza moral y política -como señala Rodolfo Stavenhagen-, y propiciaría la adopción de auténticos pactos o convenios internacionales, estos sí plenamente vinculantes sobre los derechos indígenas. Finalmente, la aprobación y ratificación de la Declaración que comentamos vendría a acentuar el cambio de énfasis que en la comunidad internacional parece observarse de los «derechos universales individuales» (Declaración Universal de los Derechos Humanos), a los «derechos colectivos». Lejos de sustituir estos a aquellos, «deben ser vistos -en opinión de Stavenhagen- más bien como una condición necesaria para el pleno disfrute de los derechos individuales, y al revés, los derechos de las colectividades deben ser considerados como derechos humanos solamente cuando a su vez acrecientan el goce de los derechos individuales y no cuando los aplastan».
Las reivindicaciones del movimiento indigenista contienen -como observa Diego Iturralde- una demanda implícita de pluralismo social y cultural, y suponen la superación definitiva del indigenismo tradicional -cuya crítica ya fue abiertamente planteada en el VIII Congreso Indigenista Interamericano celebrado en 1980-, convirtiéndose ahora las organizaciones indígenas de meros intermediarios de sus problemas en interlocutores directos. Sus demandas, más allá de lo puntual y de la legalidad meramente formal, podrían agruparse en: a) estatuto político, tendiente a una mayor autonomía o autogobierno que se refleje en la manera como ellos mismos se denominan, es decir, como «pueblos», «naciones» o «nacionalidades» indígenas; b) organización social, que supone, por un lado, una mayor participación en los asuntos públicos, y, por otro, el reconocimiento de las leyes, costumbres e instituciones sociales indígenas; c) desarrollo económico y social autónomo, cuya base es la tierra y sus recursos, es decir, el derecho a la propiedad y posesión de las tierras por ellos ocupadas tradicionalmente, y el derecho a que se reconozcan sus propios sistemas de tenencias de tierras; y d) el desarrollo lingüístico-cultural, en el que en los últimos años se han hecho avances considerables, quizás, entre todos, los más notables.
Los gobiernos, en efecto, han comenzado a entender que el respeto a la diferencia en la igualdad implica la necesidad de poner en práctica no sólo políticas educativas y culturales diferenciadas para los pueblos indígenas, sino que estas se elaboren cada vez más con su colaboración y asentimiento; y que en este caso, como en todo análisis de situación de la problemática indígena, sea preciso mantener siempre una doble perspectiva: la que corresponde a su propia visión interna y aquella procedente de agentes externos. El camino emprendido para satisfacer las exigencias planteadas a la nueva educación indígena pasa invariablemente, en los países de la región, por la vía de lo que en su acepción más simple y esquemática -la utilización de dos lenguas como medio de instrucción- se denomina educación bilingüe, cuya dimensión y características en la zona intentaremos resumir. No sin antes hacer una escueta referencia a su difusión en el mundo y a la población a la que se dirige en el contexto latinoamericano pasado y presente.

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Las políticas lingüísticas en América Latina.

Este doble modelo no parece tener fácil aplicación a las situaciones lingüísticas oficializadas en América Latina, si nos atenemos a los países con preceptos constitucionales sobre lenguas autóctonas. No obstante, debe excluirse el principio de territorialidad, que haría imposible la educación bilingüe. En todos ellos, como en todos los países latinoamericanos, el español o castellano es la lengua oficial del país, formando parte de la cultura nacional el quichua y demás «lenguas aborígenes» en Ecuador, y las «lenguas autóctonas» en El Salvador. En Perú (1993) «también es oficial en las zonas donde predominen el quechua y el aimara y demás lenguas aborígenes según la ley». Esta norma y las de las nuevas Constituciones colombiana (1991) -«las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios»- y nicaragüense (1987) -«las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley»-, muestran semejanza con las disposiciones constitucionales españolas para las autonomías lingüísticamente diferenciadas.
Dos casos más particulares son los de Guatemala y Paraguay. En la nueva Constitución del primero (1985) sólo se menciona la garantía del «derecho a la cultura» y a la «identidad cultural» (e implícitamente a las lenguas autóctonas), para luego referirse concretamente a que «en las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe». En cuanto a Paraguay, su más reciente Constitución (1992) equipara oficialmente el guaraní -hasta entonces considerado sólo como lengua nacional pero no de uso oficial- al español, añadiéndose, al hablar de la enseñanza, que «en el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales» que en Paraguay son hablados por la mayoría de la población. En fin, la dispersión y fragmentación lingüísticas y su insuficiente normalización son las razones que suelen alegarse por el hecho de no haberse extendido más la práctica de la oficialización de las lenguas autóctonas, si bien la tendencia, cuanto menos a su reconocimiento y revalorización, es bien patente.
La inflexión que en la región se ha producido en la consideración de la diversidad cultural y étnica se pone claramente de manifiesto, además, en las recientes reformas constitucionales, aun cuando no se refieran expresamente a las lenguas autóctonas. Así, en Argentina, país de poco acusada tradición indigenista, el nuevo artículo 75 de la Constitución, reformada en 1994, insta al Congreso a «reconocer la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos» con todos los derechos que ello conlleva, entre los cuales el derecho a una educación intercultural bilingüe. La Constitución política de Bolivia, reformada también en 1994, se refiere a este país como república «soberana multiétnica y pluricultural...» y al reconocimiento de «los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas».
En El Salvador la reforma constitucional de 1992, como corolario a los Acuerdos de Paz firmados ese mismo año, aboga por la no existencia de discriminación alguna para las personas indígenas en el territorio de la República. Finalmente, el Gobierno mexicano dio a conocer el año pasado, en el marco de sus negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), una «Iniciativa de Decreto» cuyo objetivo sería la reforma de varios artículos de la Constitución política «para la creación de las Regiones Autóctonas Pluriétnicas», sobre la base de la «composición pluriétnica mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas»1. Por último, es de subrayar que en Nicaragua tanto el reconocimiento de la diversidad lingüística, al que ya hemos hecho mención, como el de la diversidad étnica, se establecen por primera vez en su Constitución política de 1987, al proclamarse que «el pueblo nicaragüense es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana». Ese mismo año se aprobaría el «Estatuto de Autonomía de las Comunidades de la Costa Atlántica».

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La nueva educación indígena en Iberoamérica.
Ernesto Barnach-Calbó

Por nueva educación indígena quiere darse a entender la que en los países iberoamericanos se intenta poner en práctica con la denominación cada vez más extendida de educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas. Como tal es un fenómeno reciente cuya aplicación tropieza con dificultades múltiples: conceptuales, lingüísticas, pedagógicas, sociales y económicas.
No obstante, la educación intercultural bilingüe representa un paso muy significativo en el proceso de reconocimiento de la pluralidad lingüístico-cultural de los países de la región, plasmado ya en leyes y normas de nivel diverso. Su consolidación y generalización contribuirá sobremanera, en opinión de algunos observadores, a la viabilidad de auténticas sociedades multiculturales o interculturales, todavía lejanas. Como es sabido, esta problemática tiene hoy, además, un alcance y actualidad universales.

1. El plurilingüismo como fenómeno universal
Contrariamente a lo que podría pensarse, la inmensa mayoría de los países -Estados o sociedades determinadas- son plurilingües, es decir, en su seno se hablan dos o más lenguas. El plurilingüismo es por consiguiente la norma y el monolingüismo la excepción. El concepto es en principio neutro, desprovisto de valoraciones sobre su grado y extensión, así como sobre el uso de las distintas lenguas o de sus relaciones -status- entre sí. Son factores lingüísticos, sociales y políticos los que determinan, en un contexto dado, las diversas situaciones posibles entre las lenguas. Así, desde el punto de vista lingüístico, la delimitación entre lengua y dialecto se rige por criterios lingüísticos y sociales, mientras que la distinción entre lenguas mayoritarias -equivalentes generalmente a lenguas estándar o cultas- y minoritarias se basa en determinantes sociales y políticos.
Más que por el tamaño del grupo lingüístico, las lenguas minoritarias se definen por los derechos sociales, o sea, por su falta o desigual equiparación a las mayoritarias, si bien, desde el prisma lingüístico, son susceptibles de abarcar toda la gama de situaciones posibles: variedades, dialectos, lenguas preestandarizadas, estandarizadas y cultas. Por otro lado, en América Latina las lenguas autóctonas equivalentes a vernáculas, aborígenes, originarias, ancestrales o incluso indígenas, ya que este último término, antes desacreditado, ha resurgido por obra de las organizaciones indígenas, son todas minoritarias al no estar equiparadas a las mayoritarias (español, portugués). No obstante, la ambigüedad de este concepto y su falta de adecuación a la realidad en países como Guatemala y Bolivia, de tan fuerte población indígena, hacen que su uso sea en esta región menos frecuente.
Ahondar, pues, en el concepto de plurilingüismo obliga a referirse a las relaciones entre dos o más lenguas: su uso según las funciones sociales y el status existente entre ellas, tarea propia de la sociolingüística. Fishman se apropió del termino «diglosia», acuñado por Ferguson -uso complementario y no conflictivo de variedades de la misma lengua en diferentes esferas sociales-, para definir el bilingüismo o multilingüismo social como acompañante del bilingüismo individual, diferenciándose el primero del segundo por constituir un «compromiso social» permanente que se mantiene al menos durante tres generaciones, y en el que cada una de las lenguas implicadas tiene su función asegurada, legitimada e institucionalizada. El bilingüismo individual, por el contrario, está sujeto a cambios más frecuentes, siendo, en consecuencia, características suyas la flexibilidad e inestabilidad. Varios analistas, entre ellos Utta von Gleich, han puesto de relieve que la amplia difusión y aplicación del término «diglosia» en América Latina no ha sido correcta, al no caracterizarse precisamente la región por tener lenguas autóctonas que reúnan tales cualidades: seguridad, legitimación e institucionalización. En realidad y bajo la influencia de la sociolingüística catalana, la «diglosia» se ha reinterpretado para su adecuación al contexto latinoamericano como «rasgo de conflicto», sustituyendo al «compromiso social» pactado que, según Fishman, era definitorio del término.
Por otro lado, toda lengua, independientemente de su desarrollo o institucionalización, es un fenómeno a la vez humano y social, un sistema primario de signos, instrumento del pensamiento y de la acción y el medio más importante de comunicación. Con respecto a la cultura, la lengua forma parte de ella, y al mismo tiempo es su medio de expresión y entendimiento más notorio. Al estar tan estrechamente vinculada a la cultura y entendiéndose esta, según la definición del Consejo Interamericano de Educación, Ciencia y Cultura de la OEA, como «la unidad de las formas de vida, pensamiento y comportamiento y los valores sujetos a ellas», la lengua figura también entre los rasgos constituyentes de la identidad cultural de un pueblo.
El hecho del plurilingüismo-pluriculturalismo surge en los Estados nacionales modernos a través de procesos de colonización -descolonización, como es el caso de los países de América Latina y de África-, conquista, anexión o unificación (ex-Unión Soviética, países plurilingües surgidos en Europa tras la primera y segunda guerras mundiales), e inmigración, cuyo ejemplo más claro son los Estados Unidos. Pero tales procesos propiciadores de la diversidad lingüístico-cultural se producen en naciones orgullosas de la unidad política recién lograda y empeñadas en conservarla a toda costa, lo que ha implicado el no reconocimiento de cualquier realidad diversa, política, cultural o religiosa (como es el caso de España en el siglo XV), que pudiera considerarse incompatible con dicha unidad. Progresivamente, no obstante, el Estado nacional moderno ha ido abandonando su afán homogeneizador, aceptando un mayor pluralismo en los sectores citados. Así, algunos países han concedido grados diversos de autonomía política a determinadas regiones (España, Alemania) o han reconocido la utilización de lenguas autóctonas para fines globales o específicos. Este es el caso, en mayor o menor medida, de los países latinoamericanos, como luego veremos más detalladamente. Las lenguas autóctonas, si bien pueden ya utilizarse en ciertos sectores, por ejemplo para el uso de nombres y apellidos, en los medios de comunicación social (en la radiodifusión pero no en la radiocomunicación) y en la educación, sufren todavía grandes limitaciones. Entre las más notorias, no tener cabida en los tribunales de justicia ni en los asuntos oficiales de la Administración.
Un último aspecto a mencionar aquí a propósito de las políticas bilingües, se refiere a la caracterización de estas en función de dos principios básicos: el principio de territorialidad y el de personalidad. El primero, propio de países como Suiza y Bélgica (salvo Bruselas, que es bilingüe), supone la utilización plena y exclusiva en ciertas zonas determinadas de sus respectivas lenguas y, por consiguiente, la exclusión de la educación bilingüe, aunque con excepciones. El segundo, por el contrario, en vigor en países como Holanda, Malta, Canadá y Finlandia, garantiza a cualquier individuo ciertos derechos lingüísticos en su lengua materna en cualquier lugar del país, favoreciendo la difusión de las lenguas en todo el territorio del Estado y, por ende, la educación bilingüe. España presenta a estos efectos un modelo mixto: el principio de personalidad se aplica en las regiones autonómicas en las que el español es oficial junto con las lenguas regionales respectivas, manteniéndose aquel como oficial en todo el país.

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La expresión de la cultura en la comunidad, la escuela y el aula.

Generalmente la cultura pareciera ser ajena a los procesos que ocurren cotidianamente en la comunidad,el hogar o la escuela. Es frecuente que la cultura sólo se vincule a acontecimientos festivos o a elementos visibles (vestido, lengua) Sin embargo, la cultura se expresa a partir de los sujetos que la comparten, que la recrean cotidianamente, que le dan significados compartidos. En este sentido, ¿qué sabemos de los niños con los que trabajamos? ¿Los niños como portadores de la cultura del grupo al que pertenecen? ¿Tomamos esto como punto de partida para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el espacio escolar? Dichas consideraciones son importantes para reflexionar sobre el ingreso delniño a la escuela, en donde muchas veces parece no existir la cultura del grupo al que el niño pertenece. Pareciera ser que el niño mismo no tiene cultura o, que en el espacio escolar, ésta no es valorada y considerada, privilegiándose la imposición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades ajenas a la realidad del niño.
La escuela tradicionalmente ha sido vista como un espacio cerrado, con reglas rígidas e impuestas desde arriba; que homogeniza y prepara individuos para insertarse en el mundo laboral sin sobresaltos. En esta concepción la escuela imparte conocimientos y adapta a los alumnos para una vida social productiva, los “educa”. Los padres envían a sus hijos a que se “eduquen”, para que sean hombres y mujeres “de bien”. La escuela cumple con su cometido si entrega buenos resultados, si sus alumnos “sacan” buenas calificaciones, si tiene una disciplina férrea, si corrige lo que la familia no hace y si sigue al pie de la letra las indicaciones de la autoridad educativa, en una cadena de mando-obediencia reproduciendo hasta el infinito la estructura burocrática-vertical del grupo en el poder.   

Cambiar estas concepciones es parte de un debate más amplio, que afortunadamente, cada vez está más presente no sólo en los espacios de investigación pedagógica, si no en las escuelas y en los colectivos docentes. Los padres también empiezan a cuestionar las reglas de las escuelas, su “cultura” docente y exigen, no siempre en los mejores términos, una necesidad de participación en las decisiones escolares más allá de “cuotas voluntarias” y  apoyos a la escuela de sus hijos. ¿La escuela educa para la democracia? ¿Cómo construir espacios de participación en la escuela? ¿Qué prácticas docentes debemos cuestionar y transformar? ¿Cómo construir relaciones democráticas entre los miembros de la comunidad escolar? ¿Hay límites y escenarios naturales de participación? ¿Cuál es el papel del director en este proceso? ¿Los padres de familia deben involucrarse en cuestiones pedagógicas? Estas son algunas interrogantes que debemos plantearnos para coadyuvar en la promoción de la cultura democrática desde el ámbito de la escuela y en todos los espacios de la vida social.

En esta perspectiva, los maestros tenemos un espacio de reflexión y acción para generar fuertes expectativas en torno a la democratización de la escuela y en general, de la gestión educativa. No se trata de convertir a la escuela en un lugar donde simplemente se enseña y aprende sin ningún nexo con las relaciones sociales de dominación.

La educación es un medio para alcanzar la democracia, con la paradoja de que en nuestro país para acceder a la educación se requiere de un medio llamado democracia y ésta debe ser un fin de la educación. Estos dos procesos van ligados estrechamente a una concepción y a una práctica docente que se reivindica como democrática.

La democracia en la escuela se construye todos los días de muchas maneras, entre las cuales debe destacar el respeto irrestricto a los alumnos, promover su participación en la toma de decisiones, fomentar se responsabilicen de sus actos, reclamen sus derechos y cumplan con sus obligaciones, es decir, estimular que se asuman como sujetos para salir de la cultura de la sumisión, del súbdito, y pasar a la cultura del ciudadano, comprometiéndose en la lucha por la libertad, la justicia social y la igualdad.  Se trata de generar la lucha por la ciudadanía como parte esencial de un proyecto de educación que se construye con la participación de la comunidad escolar.
HACIA UNA ESCUELA DEL SIGLO XXI
"Las mejores escuelas, afirman sus propios autores, son aquellas donde se cree en la capacidad de todos los niños, donde a todos se les ofrecen ocasiones variadas de aprender, donde se manifiestan hacia todos las exigencias a la vez razonables. Esta convicción debe prolongarse en una cultura escolar que valorice el trabajo y el esfuerzo de cada uno más bien que la notoriedad...es necesario terminar con la concepción vetusta según la cual, el éxito de un estudiante no tiene sentido si no se conjuga con el fracaso de otro...el desafío es justamente hacer progresar de manera conjunta, éxito y calidad".

"Una educación que corresponda a la exigencia de cambio social en beneficio de las grandes mayorías; que los educandos aprendan a identificar y combatir las injusticias que lastiman los derechos del hombre; consecuencia entre el pensar, decir y hacer; una educación no presa en aulas ni divorcio alguno entre teoría y práctica, donde el maestro aprenderá junto con los alumnos en la reflexión colectiva ante los hechos de la naturaleza y de la vida social...donde programas, auxiliares didácticos y metodológicos se ajusten a las necesidades de los alumnos, quienes participarán en la toma de decisiones del trabajo cotidiano; donde se realice una evaluación discutida grupalmente, a lo largo del ciclo escolar, que estimule y mejore la eficacia del proceso enseñanza aprendizaje sin reprimir o descalificar al alumno. La nueva educación será concientizadora y democrática, orientada a un conocimiento científico que se construye y apropia colectivamente".:

- de calidad humana de todos los seres que la integran; una escuela digna, no humillada por descalificaciones y por penurias.
- a la cual se le reconozcan su historia, su pasado, su cultura; que nada crece de campos arrasados y muchas veces pretenden arrasarnos lo que somos, para decirnos después como debemos ser.
- autocrítica, capaz de mirarse a si misma y de reconocer sus riquezas y pobrezas, sus aciertos y errores.
- con las condiciones suficientes como para funcionar como un centro cívico, como un espacio público garantizado, cuidado y respetado por todos los sectores de la sociedad.
- en la que no vengan a estallar a diario los dramas sociales de la sociedad. Por tanto, aspiramos a una sociedad digna que permita una escuela digna. - a una escuela abierta al mundo y a la vida, con todos los instrumentos sociales, tecnológicos y pedagógicos, pero abierta desde una sólida construcción como institución, desde un reconocimiento de su papel fundamental en la sociedad.
- en la cual todos pueden ejercer los derechos humanos fundamentales, en la que se construye respeto, convivencia, tolerancia, pluralismo.


HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES ESCOLARES AUTOGESTIVAS

En el nivel escuela – aula, requerimos procesos educativos integrales, aprendizajes que privilegien los aspectos formativos y generen conocimientos para ayudar a mejorar las condiciones de vida. En el nivel escuela – comunidad se requiere impulsar prácticas y contenidos escolares que respondan a necesidades individuales y comunitarias, que valoren las formas de pensar y actuar. En el nivel escuela – proyecto se deben producir cambios globales, contribuir al desarrollo social y a la formación de una conciencia crítica y reflexiva.

Por lo que consideramos que NUESTRAS ESCUELAS DEBEN:

1. Reestablecer los vínculos rotos o parcialmente interrumpidos con sus alumnos y exalumnos, con los padres de familia, con la gente de las colonias que la rodean, con las comunidades que se entrecruzan en sus ámbitos de acción y con la sociedad en su conjunto.
2. Establecer un auténtico trabajo docente y social, educativo en su totalidad, propiciador de actividades organizativas y formativas democráticas, como parte de la vida cotidiana de las aulas y las escuelas.
2.      Desaparecer los procesos de administración burocrática-vertical vigentes, por procesos de gestión colectiva y democrática, de cogestión y autogestión en las escuelas y también en las aulas.
4. Retomar y fortalecer la práctica de la Asamblea Escolar, en las aulas, los grados o ciclos y a nivel escuela, en donde se manifiesten las necesidades e inquietudes de la comunidad estudiantil y la defiendan como un espacio propio y en donde se permita la interlocución de alumnos-maestros-directivos, que impacten y trasciendan en la definición de prácticas escolares democráticas.
5. Crear en nuestras escuelas asociaciones de alumnos que al interior del aula y de la escuela participen en los procesos de conducción democrática de la educación.
6. Ganar la autonomía a través del ejercicio cotidiano de las acciones que fortalezcan la capacidad de decidir sobre las pequeñas, pero fundamentales actividades escolares: los contenidos, los métodos, las evaluaciones, los tiempos, los materiales pedagógicos y las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar.
7. Fortalecer los colectivos de docentes que analicen, diseñen, definan y apliquen estrategias educativas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje; transformar los Consejos Técnicos Consultivos en Resolutivos, que se asuman como instancias de conducción democrática de la educación en cada escuela.
8. Romper el aislamiento escolar, entre docentes, escuelas, niveles educativos y sociedad; fortaleciendo los espacios de intercambio, de socialización de prácticas innovadoras, las publicaciones hechas por maestros y la autogestión de espacios de formación y profesionalización docente.
9. Situar con precisión los espacios y mecanismos donde los padres y la comunidad participen. Perder el miedo del cuestionamiento al trabajo docente, por parte de los padres y propiciar su participación - contextualizada, informada y objetiva - en la definición de las acciones escolares tendentes a fortalecer una escuela integradora.
10. Trastocar la simulación, que de la participación social, ha impuesto la Secretaria de Educación Pública, con los Consejos de Participación Social, por una participación social real; retomando la construcción de los Consejos Escolares, en escuelas, zonas, Delegaciones y entidades, con una participación real de los actores educativos.
REFERENCIAS
BERTHELOT, Jocelyn. “Un proyecto democrático para la escuela” en BASICA # 3 ene-feb. 1995 p.41”  PRIETO, Daniel. “Escuela y futuro” en POR NUESTRA ESCUELA, Edit. Lucerna DIÓGENES, 2ª Edición 2005 p. 137

CULTURA Y EDUCACIÓN


Educación y pueblos indios: una mirada desde las políticas culturales

La educación a través de la institución escolar ha generado un sistema que hace pensar como centro del pensamiento un lugar en el mundo, a la “ciencia” con un carácter universal, que otras lógicas y racionalidades no cuentan, quién puede pensar y quién no y la imposibilidad de construir conocimiento al margen de éste. La educación y la escuela mantienen poca relación con los procesos sociales que se gestan y reproducen hoy en día (Walsh y Schiwy, 2006). En consecuencia, repensar la educación en el marco del Estado actual conduce a plantear la insuficiencia de las reformas, que se han convertido en ejercicios que consideran cómo añadir nuevos ejes y no por qué, para qué y cómo cambiar, niega relación entre diferentes y la manera que van complementándose.
La reforma educativa aportó elementos para la reflexión sobre pautas reguladas del poder, pero lo instituido no logró ser erosionado por los sujetos involucrados en los procesos educativos; por un lado las prácticas institucionalizadas no lograron impactar en la práctica haciendo de ésta una práctica no exitosa, los sujetos no fueron interpelados por el discurso. La reforma es una parte sustantiva del proceso de regulación social que apela a una perspectiva sociohistórica, recupera a los sujetos y sus identidades como construcciones sociales. La reforma apunta hacia cambios en la orientación de planes y perfiles; hacia la transformación de los sujetos en la práctica educativa, además es parte de las regulaciones del poder de las fuerzas de los diferentes actores: instituciones, sindicatos, profesores, estudiantes, etc. (Popkewitz, 2007)
A nivel macro los mecanismos de regulación han tenido impacto y eso está documentado, la reflexión debe enfocarse sobre la práctica educativa para conocer la diferencia entre el sujeto que el programa describe y el que se formó, de otra forma no implica modificación alguna de las prácticas, sino un cambio superficial para que todo siga igual. En este contexto las formaciones identitarias manifiestan la distancia entre la formación identitaria que se propone desde la institución y las identificaciones de los sujetos, la instrumentación de objetivos a priori en las instituciones en lugar de colaborar con la fuerzas vivas de la comunidad para vivir su finalidad de existencia, se insertan en la trama imaginaria y no sus acciones (Popkewitz, 2007).
Las políticas del conocimiento y las transformaciones de la educación han de ser analizadas en la lógica de la equivalencia y la diferencia, las sociedades actuales han empeñado su capital en las políticas de conocimiento asociadas al desarrollo científico y tecnológico, en el entendido de que las sociedades mas educadas están en posibilidades de llevar a cabo la reconversión económica y esto les permitirá arribar a la sociedad del conocimiento. Esto es, la sabiduría es un insumo para el desarrollo y éste se convierte en una mercancía cuya posesión es estratégica para la innovación y la competitividad; el conocimiento puede ser o dejar de ser relevante, puede ser medido y en esa concepción es una herramienta para competir.
En un lectura inicial de los efectos de las políticas del conocimiento se empieza a plantear lo político de la institución y la desinstitución de lo social que emerge o se rompe a través de la oscilación dentro del contexto, permite reflexionar sobre las bases que se instituyen o fragmentan las relaciones sociales, siendo que la contingencia no se puede representar sino sus efectos políticos con cierta especificidad o falta de ella en los procesos de lucha (Butler, Laclau y Slavoj, 2003). Así, la política es el ensamble de prácticas discursivas sobre la lucha con caracterizaciones diversas. La distinción se presenta cuando llega el momento de decisión de los sujetos en espacios sociales en disputa, la lucha tiende a enriquecerse cuando no pueden converger y se gestionan alianzas.
Las políticas del conocimiento generan procesos en los que para los distintos actores, sin ser los mismos e iguales el conocimiento es importante, se funda o construye a través de encadenamientos para regular, gestionar y encauzar el uso del saber. Sin embargo el campo de la educación empieza a organizarse de manera diferente aún cuando parece que no es posible salir de ese orden. Cuestiona desde otros frentes esa noción de conocimiento en el binomio exclusión / homogeneización como manera distinta de concebir el conocimiento, como un campo que apertura nuevos espacios de disputa, esta lectura contribuye a establecer los puntos de fuga para el análisis de la políticas y diferenciar entre lo político, la política y las políticas para demostrar la asociación entre la política y las políticas. Esto conlleva a poner en cuestionamiento el discurso y los postulados (débiles) que intenta adquirir estatuto de verdad, inscritos en la agenda pública, gubernamental y programas educativos particulares, reconociendo las mediaciones y las tensiones entre el juego instituido e instituyente, las pautas que se desvían, las identidades en construcción, en reconfiguración o excluidas (Butler, Laclau y Slavoj, 2003).
La exclusión es el nuevo fenómeno cuyo análisis está en proceso y que puede explicar parcialmente algunos derroteros identitarios por los que atraviesan nuestras sociedades. O se trata ya de marginación con un posible horizonte de integración ni de explotación que relaciona a dos identidades: explotador y explotado; se trata de la exclusión de las redes productivas y de consumo (Sánchez, 2007).
La distinción entre productores y usuarios son categorías que permiten aproximarse a la complejidad del ordenamiento social y la apropiación diferencial de bienes, conocimiento y cultura, en ese sentido es que los movimientos identitarios y sociales ponen en cuestión los principios políticos, éticos y epistémicos de la actuación estatal, en particular los pueblos indios plantean como proyecto la transformación estructural de la sociedad, un proyecto para toda la población, no es una propuesta étnica. En la perspectiva de establecer relaciones interculturales, transformar las estructuras actuales tendiente a establecer relaciones horizontales, interétnicas. Es decir, relaciones poder, saber, ser y vivir distintas; la interculturalidad no existe, es algo por construir.
Para el ámbito educativo implica distanciarse de la política reformativa y del enfoque actual de las políticas de educación e instituciones educativas que asocian la educación con el desarrollo humano para mejorar calidad de vida que conduzca al bienestar individual (Popkewitz, 2007); éste último deriva en cada vez mayor fragmentación social, Los ciudadanos globales deben asumir individualmente la cultura occidental en la lógica de la libertad individual; la autonomía del individuo para actuar y distanciarse de la colectividad. En esta lógica se explican la pobreza, el fracaso escolar, la violencia, como problemas del individuo; la modernización y la competitividad son también búsquedas individuales. Así, la convivencia vinculada al bienestar individual para armonizar la inclusión en la sociedad del conocimiento borra problema estructural, lo va invisibilizando. El multiculturalismo niega y oculta problemas estructurales, la educación se posiciona como un proyecto personal.
Asimismo, el paradigma intercultural funcional responde a movimientos y demandas (administrar conflictos, desarrollo humano sustentable), para promover el diálogo y la tolerancia sin tocar las causas de la asimetría local. El discurso de las entidades supranacionales se apropia de los planteamientos y prácticas alternativos, los "debilita" y vacía de contenido. De la misma manera, la categoría inclusión con la legislación de los años noventa fue añadiendo elementos de las demandas de movimientos sociales a las Constituciones con relación al reconocimiento, protección, justicia y transformación social como políticas vinculadas con las necesidades del mercado, porque éste no funciona si hay gente fuera, lo cual implica construir una monocultura para fortalecer proyecto capitalista.